La Ley Orgánica de Comunicación establece algunas prohibiciones y derechos que deben respetarse en el ejercicio de la comunicación, los cuales también aplican a las organizaciones sociales. Entre estos se pueden mencionar, en el artículo 32 se establece la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, destacando que los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en
casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros.

En el artículo 62 se indica la prohibición de difundir a través de todo medio de comunicación social de contenidos discriminatorios, entendiéndose como tal todo mensaje que se difunda por cualquier medio de
comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos.

Y de similar manera, en el artículo 67 se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso.

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